ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado ponente




AC5552-2017

Radicación n° 13001-31-10-003-2011-00393-01

(Aprobado en sesión de quince de marzo de 2017)


Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017).-


Decide la Sala la admisibilidad de la demanda presentada por JAVIER IGNACIO PAZ DELGADO para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso frente a la sentencia proferida el 12 de enero de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena dentro del proceso ordinario que promovió contra ARIAS PAYÁN & COMPAÑÍA LTDA. “OLAP”, INVERSIONES AKL LEGA & COMPAÑÍA LTDA. “INALTA”, URBANIZACIÓN MARBELLA S.A., CARULLA VIVERO S.A. hoy ALMACENES ÉXITO S.A., ESTACIÓN MARBELLA S.A., CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO e ISABEL DURÁN BALLÉN DE OSPINA.




I. ANTECEDENTES


1. El accionante, en “calidad de sobrino de Bertha Matilde Paz Franco (q.e.p.d.)”, revindicó el inmueble “descrito en las escrituras públicas No. 53, 48, 46 y 47 de 17 de enero de 1958, expedidas en la Notaría Primera de Cartagena” y, en consecuencia, pidió entregar a la Nación “los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6…por estar…en la playa” y el resto a “la masa hereditaria” de su tía. Subsidiariamente, solicitó “…declarar la nulidad absoluta” de las ventas contenidas en dichos instrumentos. Adicionalmente, reclamó condenar a los convocados a pagarle los daños y perjuicios “por la interrupción del derecho de dominio” (fls. 2 al 20).


2. Como “hechos preliminares” relató, en resumen, que Bertha Matilde Paz Franco murió el 8 de octubre de 1985, heredándola su hermano Ramón Fernando Paz Franco, fallecido el 26 de abril de 1989. Añadió que en sentencia de 26 de octubre de 2007, a instancia suya y de sus hermanos, se liquidó la sucesión de este último, quien era su padre, por lo que “son sobrinos” y “sucesores procesales” de aquella. 


En apoyo de la “pretensión principal”, expuso que mediante los citados instrumentos públicos, Bertha Matilde y otros vendieron a la sociedad Olarte, Ospina Arias Payán & Payán Ltda. los derechos herenciales en las sucesiones de María Paz Bonolli y Nicolás Macario Paz Ferrer vinculados a los lotes mencionados. A su vez, Isabel Durán Ballén de Ospina y Carlos Sebastián Ospina obtuvieron el dominio de los bienes “mediante la escritura pública número 768 de 10 de marzo de 1964 de la Notaría Primera de Bogotá”; posteriormente los vendieron a Inversiones AKL Lega y Compañía Ltda. “Inalta” por escritura pública No. 4091 de 18 de diciembre de 1978; y, finalmente, ésta los transfirió por título similar a la Urbanización Marbella S.A., como consta en la escritura pública No. 2002 de 28 de julio de 1987.


Agregó que en indagatoria rendida el 19 de agosto de 1999 ante la Fiscalía, el representante legal de la última sociedad aceptó que parte de las veintiocho hectáreas que adquirió son playas, mientras que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi dictaminó que éstas son veinte, situación que convierte a aquella en poseedora de mala fe.


En soporte de la aspiración “subsidiaria” adujo que la venta que realizó su tía “como comunera” es nula absolutamente porque “recae sobre objeto ilícito”, de acuerdo con la confesión que se acaba de mencionar y, por lo tanto, se deben dejar sin efecto las respectivas escrituras, las posteriores y las matrículas inmobiliarias correspondientes.


Por último, para sustentar la súplica “consecuencial” afirmó que el daño deriva de la privación que sufrió de las ocho (8) hectáreas restantes que los demandados han aprovechado.


3. Notificadas las demandadas, entre otras excepciones previas, Almacenes Éxito S.A. planteó la de “falta de legitimación en la causa” por activa, que fue acogida mediante sentencia anticipada dictada el 31 de julio de 2016 por el Juzgado Primero de Familia de Descongestión de Cartagena, porque “la acción reivindicatoria corresponde al verdadero dueño, y en este caso, el demandante no probó serlo”. Así las cosas, terminó el pleito, levantó las cautelas y condenó a Javier Ignacio Paz Delgado a pagar las costas (cuaderno 3).


4. Apelada por el precitado esa decisión, el 12 de enero de 2016 el superior la confirmó, sin imponerle al inconforme solucionar los gastos del pleito al verificar que goza de amparo de pobreza. 


5. El vencido formuló casación que, concedida por el ad-quem y admitida por la Corte, sustentó con el escrito que se examina (fls. 7 al 21 de este cuaderno).


II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Sus argumentos se compendian así:


1. La acción promovida no es la prevista en el artículo 946 del Código Civil sino en el 1325 ídem, en cabeza del sucesor sobre las “cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos”.


2. Para la Corte Constitucional, la vocación hereditaria se sustenta en el estado civil, el cual se prueba de manera “idónea” con el registro civil, de cuyas inscripciones se presume autenticidad y pureza si son hechas conforme el artículo 103 del Decreto 1260 de 1970 (T-1045 de 2010 y       T-917 de 2011), mientras que según la Corte Suprema de Justicia, “quien invoca el título de heredero” debe “aportar copia del testamento, debidamente registrada, en que se le instituyó asignatario, o copia de las actas del estado civil que demuestren su parentesco con el difunto...También puede demostrarse esta calidad con copia del auto dictado dentro del respectivo proceso sucesorio, en que se haya declarado que se le reconoce esta calidad…”.


3. El demandante no adjuntó “registro civil” que acreditara que es hijo de Ramón Fernando Paz Franco y, por tanto, sobrino de Bertha Matilde Paz Franco, comoquiera que “apenas si allegó copia simple del auto de 8 de mayo de 2007” donde el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena lo reconoce como heredero de ésta, “…reproducción fotostática que no tiene alcance probatorio a la luz del artículo 254 del C. de P.C.” y del precedente de esta Corte (sentencia de 7 de junio de 2012).


4. Al desatender la carga consagrada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y no demostrar la calidad de heredero de Bertha Matilde Paz Franco no era posible reconocerle legitimación al gestor.



III. LA DEMANDA DE CASACIÓN


Contiene tres cargos, dos de ellos planteados con sustento en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, y un tercero (se colige) con base en el motivo quinto.

PRIMER CARGO


Se acusa a la sentencia de violar indirectamente los preceptos 975 y 1325 del Código Civil y 58 de la Constitución Nacional, por “error de derecho al apreciar la prueba documental aportada en fotocopia (auto de 8 de mayo de 2007)”, que demuestra en el actor su calidad de heredero de Bertha Matilde Paz Franco. Denuncia a su vez la falta de aplicación de los artículos 116, 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil; 244 y 246 de la Ley 1564 de 2012 y la sentencia SU 774 de 2014 de la Corte Constitucional.


En el desenvolvimiento del embate, expone:


1. El ad-quem ignoró el citado precedente vinculante, que en palabras del censor deja ver que las copias tienen el mismo valor probatorio de los originales, conforme los artículos 11 de la Ley 1395 de 2010, y 246 del Código General del Proceso, explicándose en el fallo, sobre el punto, que 


En principio, se estableció la presunción de autenticidad de los documentos públicos mediante el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, la tendencia legislativa ha estado encaminada en afirmar la presunción de autenticidad tanto de los públicos como de los privados. La Ley 1395 de 2010, modificó el inciso cuarto de la citada norma procesal, señalando que se presumen auténticos los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes. En idéntico sentido se pronuncia el artículo 244 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).


Además, desconoció lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en  la sentencia de 26 de agosto de 1976, donde se sostuvo que la calidad de heredero “también puede demostrarse…con copia del auto dictado dentro del respectivo proceso sucesorio”, sin exigir que “sea original”.


2. El fallo atacado vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia de lo sustancial, debiendo tenerse en cuenta que la jurisprudencia constitucional de igual forma ha señalado la obligación de los jueces de hacer lo necesario para alcanzar la verdad.


3. Presentó dos pruebas documentales que demuestran su condición de causahabiente: fotocopia del proveído de 8 de mayo de 2007 que lo reconoció como tal, y de la sentencia de partición y adjudicación “como heredero de la causante Bertha Matilde Paz Franco” debidamente autenticada, proferida el 3 de julio de 2007 por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena.


El ad-quem vio dichas “pruebas en su exacta dimensión”, pero “no les atribuyó…el mérito que la ley les asigna”, pues, pasó por alto los preceptos 116, 251, 252 y 262, numeral 1° del Código de Procedimiento Civil, y 11 de la Ley 1395 de 2010, de los que se concluye que la copia del auto de 8 de mayo de 2007 es un documento público y se presume auténtico porque no fue tachado de falso, conforme igualmente lo estatuye el inciso segundo del artículo 244 del Código General del Proceso, de tal forma que vulneró el debido proceso al aplicar el canon 254 del primer compendio en cuanto reza que las “copias tendrán el mismo valor probatorio cuando sean auténticas”.


Tampoco era pertinente que trajera a cuento el 268 íd., que alude a escritos privados, condición de la que no participa la reproducción que suscita esta controversia.


SEGUNDO CARGO


Consiste en la violación indirecta de los artículos 512, 1741 y 1742 del Código Civil, así como del 63 de la Constitución Nacional, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas.


Desarrolla el ataque, así:


1. El inciso final del numeral 5º del artículo 363 del Código General del Proceso estatuye la casación oficiosa.


2. Con el fin de ejercer la “reivindicación indirecta o accesoria” reconocida por la jurisprudencia, demandó de manera subsidiaria la “nulidad absoluta” por objeto ilícito de las ventas formalizadas en las escrituras públicas por las que Bertha Matilde enajenó los inmuebles disputados, toda vez que versan sobre el “patrimonio público de la Nación”, para cuyo impulso también está legitimado “como tercero de acuerdo con el artículo 1742 del Código Civil”. Vicio que se deduce de la indagatoria del representante legal de la Urbanización Marbella S.A., quien dijo que los terrenos que adquirió “…tienen un área total de 28 hectáreas, incluyendo el área de la playa, así se me vendió”,  injurada que el juez de segundo grado no valoró.


3. Al proceso se aportó un dictamen sobre linderos practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que el Tribunal también omitió ponderar.


4. En el traslado de la excepción previa pidió traer la experticia practicada por el CTI de la Fiscalía Seccional Cuarenta y Nueve de Cartagena, que demuestra que los títulos sobre los que versa la nulidad absoluta involucran veinte hectáreas de playa; igualmente, reclamó inspección judicial con perito topógrafo para el mismo fin. Sin embargo, no se decretaron.



TERCER CARGO


Radica en “[h]aberse dictado la sentencia en juicio viciado de nulidad artículo 140 numeral 6 del C.P.C., se omitieron términos para practicar pruebas (133 numeral 5 del C.G.P.)”.


Desenvuelve el reproche así:


1. El Magistrado Ponente incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues, no ordenó pruebas de oficio, como ordena la Corte Constitucional en su fallo SU 774 de 2014, en este caso, librando comunicación al Juzgado Sexto de Familia de Cartagena para comprobar la autenticidad del “documento judicial (auto de 8 de mayo de 2007)”.


2. No decretó las pruebas solicitadas “al momento de descorrer el traslado de las excepciones propuestas” para verificar que las ventas “contiene[n] patrimonio público”, es decir, la trasladada de la Fiscalía Seccional Cuarenta y Nueve de Cartagena, inspección judicial y peritaje.



IV. CONSIDERACIONES


1. Se precisa, en primer lugar, que siguiendo lo reglado en los artículos 624 y 625 del Código General del Proceso, vigente en su integridad a partir del 1º de enero de 2016, esta Corporación asumirá el estudio del libelo a la luz de ese compendio, por cuanto el recurso extraordinario que aquí concierne se interpuso el 19 de enero de ese año.


2. Los requerimientos que toda demanda de casación debe contener, señalados en el artículo 344 de la Ley 1564 de 2012, no se cumplen en este caso respecto de ninguno de  los tres ataques planteados, según las razones que pasan a exponerse:


3.1. Primer cargo.


3.1.1. El mencionado precepto reclama del libelo sustentatorio de la impugnación extraordinaria, que sus fundamentos se presenten de forma “clara, precisa y completa”, a lo que se agrega que, anunciándose la comisión de un error de derecho, al casacionista se le impone no solo indicar “las normas probatorias que se consideren violadas”, sino también hacer “una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas”.


La “claridad y precisión”, ha dicho la Corte, implica que la censura debe ser “perceptible por la inteligencia sin duda ni confusión”, esto es, “exacta, rigurosa”  (CSJ, SC del 15 de septiembre de 1994).


En el cargo que ahora se examina ninguna de las exigencias anotadas se satisface, pues, el casacionista entreveró en su exposición disposiciones de compendios normativos diferentes que, en principio, por la derogatoria de uno en relación con el otro, no podrían coexistir en la resolución del caso.


En efecto, el inconforme denunció indiscriminadamente trasgredidas disposiciones probatorias del Código de Procedimiento Civil y del General del Proceso, de tal suerte que no brindó un punto de referencia claro y preciso a partir del cual encarar el estudio de rigor, ya que no puede una cosa ser y no ser al tiempo, menos aún en torno a un mismo tema: alcance probatorio de las copias simples.


La precisión en el ataque, echada de menos, no carece de importancia, toda vez que ante un evento de tránsito de normas probatorias (el proceso comenzó con el C. de P. C. y la segunda instancia se clausuró en vigencia del C. G. del P.),  correspondía al impugnante explicar a la Corte, cuál debería ser el parámetro o la regla a partir de la que se denuncia el yerro cometido por el Tribunal.


3.1.2. Aunado al anterior defecto formal, en el reproche en cuestión tampoco se cumplió con la obligación de exponer su trascendencia, es decir, que el censor no indicó de qué manera el descarrío que denunció es de tal envergadura que, de no haberse incurrido en él, el fallo que confuta hubiese sido esencialmente diferente, como por ejemplo, revocando el del a-quo en vez de confirmarlo.

Porque si el ataque no tiene una relevancia semejante, mal podría la Corte propiciar el desgaste de la administración de justicia, con la emisión de un fallo que redundaría en lo expuesto por el Tribunal.


Conforme dicha exigencia, la Corte ha señalado que no basta “…la existencia de los errores, en sí mismos considerados, sino también verificar su incidencia en el resultado final de la decisión, demostrando dialécticamente la relación de causa a efecto, so pena de infringir el principio de trascendencia” (CJS AC7012, 30 nov. 2015, Rad. 2005-00355-01).


De tal suerte que para fundamentar idónea y suficientemente el recurso, el impugnante no sólo tiene que explicar en qué consiste la infracción a la ley que le atribuye al fallo que confronta, sino cuál es su influencia en la parte resolutiva y cómo debe variarse para enmendar la equivocación.


Visto el embate presentado por Javier Ignacio Paz Delgado, se observa que acusa al fallo del Tribunal de error de derecho porque omitió aplicar normas probatorias y precedentes que precisaban conferirle mérito demostrativo a la copia simple del auto que lo reconoció como heredero.


Si en gracia de discusión se aceptara la comisión de tal desatino, ni aun así podría admitirse ese cargo, por cuanto el actor no cumplió la exigencia que a la sazón se examina, comoquiera que no ensayó la menor explicación sobre  lo determinante del dislate como para cambiar el sentido de la decisión confirmatoria del Tribunal.


Fundamentación que resulta de singular importancia en el sub-exámine, dado que si bien el ad-quem ratificó sin reparo la providencia de primer grado que acogió la excepción previa de falta de legitimación por activa, lo hizo únicamente con el argumento que el demandante no probó ser heredero de Bertha Matilde Paz Franco, dejando a un lado y sin demeritarlo, el criterio del a-quo, quien consideró para el mismo propósito que el actor no acreditó el dominio de los predios reivindicados.


Así las cosas, era imperioso que el interesado dirigiera sus esfuerzos a demostrar por qué sus reparos a la sentencia del Tribunal, en caso de prosperar, tenían alcance suficiente para derruirla. Lo cual conllevaba, en últimas, que se ocupara de controvertir también, con la técnica de casación apropiada, que era equivocada la conclusión acerca de su falta de legitimación por activa por no haber demostrado ser propietario del bien. De lo contrario, aun si la Corte conviniera que probó la calidad de sucesor, en todo caso quedarían en pie los anteriores razonamientos, de tal forma que el ataque inicial no sería trascendente.


3.2. Segundo cargo.


3.2.1. Como se consignó en la síntesis de la sentencia de segunda instancia, el Tribunal efectuó su análisis, exclusivamente, en el marco de la “acción reivindicatoria” del artículo 1325 del Código Civil, encontrando la falta de legitimación del demandante para formularla, porque  no adjuntó “registro civil” que acreditara que es hijo de Ramón Fernando Paz Franco y, por tanto, sobrino de Bertha Matilde Paz Franco, persona que en 1958 enajenó los inmuebles materia del pleito.


En el segundo embate, el casacionista asevera la comisión de errores de hecho, consistentes en no valorar pruebas que, en su sentir, le confieren “legitimidad activa para pedir la nulidad absoluta, como tercero de acuerdo con el artículo 1742 del Código Civil” (resaltado adrede).


Surge, entonces, de la simple confrontación de las anteriores premisas, que el ataque resultó desenfocado, porque la tarea demostrativa del impugnante distante estuvo de derruir el argumento toral del juzgador de segunda instancia -falta de legitimación en la causa para reivindicar como sucesor-, pues, se repite una vez más, la censura se ocupó de ofrecer motivos para deducir “legitimación” para ejercer una acción –nulidad absoluta- que, ostensiblemente, no fue examinada en el fallo confutado.


Acerca del referido defecto, la Corte ha sostenido que este acontece si


...blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia... (sent. 06 de 26 de marzo de 1999), de manera que en casación sólo pueden recibirse y tener eficacia legal las acusaciones “...que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en ésta...", dado que los cargos operantes en este tipo de recurso extraordinario, únicamente "...son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas..." (sent. de 29 de marzo de 2001, exp. 6541), vale decir, aquellos enderezados a confrontar las plataformas argumentativas que a modo de pedestal de sus decisiones utilizó el ad-quem (CSJ AC de 30 de septiembre de 2010, Rad. 2006-00092-01).


3.2.2. Adicionalmente, conviene advertir que si el recurrente tenía en mira reprocharle al Tribunal la omisión en decidir sobre una súplica subsidiaria, como la de nulidad absoluta, el camino que debió escoger no era el de la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, sino la tercera de ese compendio, esto es, “No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio”.


Al respecto, la Sala explicó con anterioridad (CSJ SC de 19 de octubre de 1994, Rad. 3972), que


… la falta de consonancia por fallar siguiendo una secuencia distinta a la diseñada por el demandante, puede configurarse en las siguientes hipótesis: a) Cuando es resuelta la pretensión subsidiaria sin antes haberse pronunciado el juez acerca de la principal; b) Cuando se omite resolución sobre una pretensión subsidiaria genérica no obstante haberse rechazado la pretensión principal; c) Cuando se resuelve sobre la pretensión subsidiaria y al mismo tiempo ha sido acogida la principal; y en fin, d) Cuando se resuelve la pretensión subsidiaria específica y la pretensión principal se ha malogrado por motivo diferente al que por indicación expresa del demandante o, del demandado en reconvención dado el caso, determinaba el análisis con propósitos decisorios de la aludida pretensión subsidiaria específica”.


3.3. Tercer cargo.


3.3.1. De entrada se advierte que el recurrente no señaló la causal que sirve de apoyo a este embate, omisión que atenta contra la exigencia de claridad de todo libelo casacional.


Admitiendo que el invocado es el motivo quinto del artículo 336 del Código General del Proceso, consistente en “[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados”, la falta de “claridad” del cargo tampoco se despeja, puesto que el interesado adujo concomitantemente y sin dar explicación de por qué lo hacía, “causales” de nulidad correspondientes a diferentes estatutos adjetivos, valga anotar, la del “artículo 140 numeral 6 del C.P.C.” y la del canon “133 num. 5 del C.G.P.”.


3.3.2 Dejando de lado lo expuesto precedentemente, y en cuanto se señala como vicio procesal que el Tribunal  “omitió decretar pruebas de oficio”, se observa que el censor no argumentó, como era su deber en esta sede, acerca de las reglas de orden legal por virtud de las cuales le era imperativo al juzgador ordenar que al plenario se trajera la probanza con la que se acreditara la condición esgrimida por el demandante.


En un caso semejante, la Sala dijo recientemente a propósito de esa carga para el impugnante:


(…) se omitió explicar a la Corte las razones por las cuales las pruebas en comento resultaban obligatorias, indicando las normas que así lo ordenaban, inclusive en la hipótesis de ser cierto, como se alega por la censura, que la no práctica de tales medios era imputable a la jurisdicción. Como se sabe, la senda de la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, únicamente permite denunciar vicios procesales relacionados con pruebas oficiosas, cuando el medio respectivo responde a una exigencia legal expresa para proveer fallo de fondo. Así empezó a perfilarlo la Sala en los fallos de 22 de mayo de 1998 (CCLII-1510, Volumen II, Primer Semestre), y 136 de 28 de junio de 2005, expediente 7901, a la postre génesis del artículo 133, numeral 5º del Código General del Proceso, según el cual el proceso es nulo, en todo o en parte, “(…) cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria”, precepto que en un todo, se arroga la doctrina de esta Corte en el punto (CSJ AC3785-2016).


Total que el recurrente no mostró ninguna norma procesal que imperara el decreto de oficio de la prueba para verificar la autenticidad de la copia del auto que, afirma, lo reconoció como heredero, sin que ahí tenga cabida la cita parcial de una sentencia de tutela, SU 774 de 2014 de la Corte Constitucional, pues, el numeral 6° del artículo 133 del Código General del Proceso prevé que la nulidad encaja en los eventos en que “…se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria” (resaltado fuera del texto).   

3.3.3 Desde otra perspectiva, el recurrente plantea la nulidad adjetiva porque no se decretaron las pruebas que solicitó al descorrer traslado de las excepciones previas planteadas por sus oponentes.


Sin embargo, olvidó explicitar, asimismo, la circunstancia por la cual, de aceptarse la incursión en tal descarrío, este no se hubiese saneado en las instancias.


Al respecto, al sopesar un cargo similar, la Sala explicó:


Se trae a colación este aserto, pues en el propósito de estudiar a cabalidad el cargo formulado, resulta necesario verificar que tales principios hayan sido observados con estrictez, y en concreto, para lo que es importante a los fines de esta providencia, el último, pues tal como ya esta Sala lo manifestó en ocasión anterior (auto del 6 de mayo de 2008, Exp. 2005-00027-01) “la admisibilidad de este tipo de cargos está igualmente sometida a las reglas de los artículos 142 a 144 de ese ordenamiento jurídico [se refiere al C. de P.C.], particularmente la de que el vicio denunciado no puede haberse saneado, tanto porque así lo establece el inciso 4º del artículo 143 ibídem, al consagrar que ‘[e]l juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo, en hechos que pudieron alegarse en excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad, o que se proponga después de saneada’ (se subraya), sino especialmente porque el propio numeral 5º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil prevé que ‘[s]on causales de casación:… [h]aberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado’ (se subraya)”, CSJ SC 16 dic. 2009, exp. 2005-00396-01.


Y en otra providencia, citada más recientemente, que


[H]a sido constante la jurisprudencia de la Sala en señalar que cuando se trata de la quinta causal de casación  “existen casos en que no habría lugar a abordar su mérito, como cuando quien la alega carece de legitimación, o el requisito para admitir un ataque de esa naturaleza se echa de menos, esto es, que el vicio no se hubiere saneado. Como recientemente se dijo, (…) el impulso de esa especie de ‘error es procedente cuando es dable abordar su fondo, bien por no haber sido saneado, ya porque aunado a ello existe legitimación para alegarlo” (auto de 26 de abril de 2011, exp. 00373, entre otros). Así mismo, en punto del momento para revisar tal circunstancia en el trámite de la casación, esta Corporación ha señalado que “aunque en ocasión anterior la Corte enseñó que lo atinente al saneamiento de las nulidades procesales, entre otros principios que las gobiernan, se examinaba en la sentencia de casación, un nuevo análisis permite concluir lo contrario, al menos en cuanto hace a ese específico principio y relativamente al caso, de una parte, porque el cargo no controvierte si hubo o no convalidación del vicio, y de otra, porque el artículo 368, numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, en cuanto permite alegar la nulidad ‘siempre que no se hubiere saneado’, se entronca con el artículo 373, inciso 4º  ibídem, pues como ya se insinúo, el punto no compromete el mérito del cargo, al extremo que en las instancias, el artículo 143 del mismo ordenamiento, autoriza rechazar de plano las nulidades que se aleguen después de saneadas”  (CSJ AC, 31 jul. 2008, exp. 1994-08637-01, citado en AC1833-2016, exp. 2012-00289-01).

De manera que alegándose una nulidad saneable, era preciso establecer por el casacionista que la misma no se hubiese purgado.


4.        Por último, cumple señalar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 333 del Código General del Proceso y 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad, quebranto a la unidad e integridad del ordenamiento jurídico o a los instrumentos internacionales suscritos por Colombia.


5. En suma, como ninguno de los cargos examinados satisface los requisitos formales y técnicos que le son propios, habrá de inadmitirse el libelo que los contiene, conforme el numeral 1° del artículo 346 del Código General del Proceso.


V. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, INADMITE la demanda presentada por JAVIER IGNACIO PAZ DELGADO para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso frente a la sentencia proferida el 12 de enero de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena dentro del proceso ordinario que promovió contra ARIAS PAYÁN & COMPAÑÍA LTDA. “OLAP”, INVERSIONES AKL LEGA & COMPAÑÍA LTDA. “INALTA”, URBANIZACIÓN MARBELLA S.A., CARULLA VIVERO S.A. hoy ALMACENES ÉXTITO S.A., ESTACIÓN MARBELLA S.A., CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO e ISABEL DURÁN BALLÉN DE OSPINA.


Notifíquese y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.




LUIS ALONSO RICO PUERTA

(Presidente de Sala)




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA